Tal y como estamos ahora ya pagamos por el mismo concepto (derechos de autor) multitud de veces, a saber:
Pongamos por caso una canción, pagas por la partitura, pagas por la interpretación, pagas por el soporte, la emisora de radio paga por emitir, el del bar paga por el equipo de radio y por la canción que se escucha, si se hace una copia de la canción pagas de nuevo por el soporte (cd o dvd), el aparato grabador y de nuevo por la reproducción.
Si compras el original se aplica también a la "copia privada" y vuelve de nuevo el mismo proceso. Todo ello acumulando el "mismo impuesto" en sus diferentes tramos.
Independientemente de ello, por el soporte (cd,dvd) y el aparato grabador o reproductor, aunque los uses para fines privados y por "propia obra" (videos caseros, etc), debes pasar por la caja de una entidad privada que te cobra por tu propio trabajo.
Una posible solución es delimitar el "impuesto" o canon digital en origen como el Impuesto de Valor Añadido o IVA, separándolo del precio de producto. Es una solución complicada, cualquiera es complicada y difícil de llevar a cabo, y se deben acotar los medios reproductores de los soportes (cd, dvd, cintas, etc). Los pagos deben ser únicos y no acumulables, como hasta ahora. En todo caso la creación de una Oficina estatal que gestione y controle este "impuesto" es necesaria frente a los abusos de gestoras privadas.
Lo importante es que no se pague dos veces o más por el mismo producto ni en "prevención de posible pirateo". La "prevencion" del pirateo es como si cualquier ciudadano deba ingresar en prisión por un posible asesinato que pueda realizar en el futuro, y además si comete el asesinato, cumplir de nuevo la pena.
Una asunto de tamaño calado y complicación es cuestión de un estudio a fondo y con tiempo, sin prisas debidas a presiones por intereses privados de enriquecimiento rápido a costa del usuario.
Es una cuestión que afecta a todos los ciudadanos y a los propios creadores (que son los menos beneficiados en este asunto, aunque se hable en su nombre) y su solución requiere la intervención estatal para evitar abusos, ya que entre la industria y las sociedades privadas de recaudación no llegan a ningún acuerdo. En caso de que llegasen a ello, la responsabilidad del Estado para proteger los derechos de las partes y de los consumidores no puede quedar al margen y debe encontrar un medio que los garantice y controle su ejecución.
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