DEMASIADA INFLUENCIA DE LA SGAE SOBRE EL GOBIERNO

Si como parece, el nuevo borrador de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, pretende cobrarnos un canon anual de 35 euros por línea ADSL, para nutrir a una entidad privada cobradora de impuestos como la SGAE, estamos ante una bajada de pantalones gubernamental sublime. ¿ Es censura previa o penalización por acceder a la cultura?.

De momento descargarse archivos de las redes p2p (emule, shareaza, ares, etc ) no es delito. Si hay ánimo de lucro, es decir, si se utiliza ese material para hacer copias ilegales a cambio de un precio, por módico que sea, entonces sí lo es. Pero la Sociedad General de Autores de España no lo entiende así y como no le cuesta mucho cometer delitos,como filmar bodas sin autorización, por que en realidad se paga con un impuesto previo que es el canon por copia privada, pues le da igual.

Es comprensible que el gobierno pretenda defender los derechos de los autores y estamos todos de acuerdo, lo que no es de recibo es poner "impuestos revolucionarios" previos por si se copia algo ilegalmente. ¡Vamos!, por si algún día se te ocurre pegarle un tiro a tu vecino o por tener una navaja de Albacete (con navajas se cometen asesinatos), mejor encerrarte ya en la cárcel. No contentos con ello, se supone que ya está cobrada la copia ilegal, pues te ponen otro impuesto por el uso (que ya pagas a una operadora) de una línea de acceso a internet. Aparte los impuestos de soportes como cámaras digitales, dvds, grabadoras etc. Aunque lo uses con tus propias "producciones" familiares, se considera que solo por tener dichos soportes ya eres potencial delincuente.

Lo lamentable es que desde el gobierno aún tengan conciencia de que internet es el "eje del mal" y una vía de acceso a la delincuencia. No tienen ni puta idea ni se esmeran en comprender lo que es un simple teléfono pero con teclado y pantalla. Lo primero que deben tener claro es que los impuestos los pueden poner por ley pero controlados por el parlamento, vía presupuestos. La SGAE es una sociedad de amiguetes que no controla nadie, ni siquiera los autores que pretenden proteger. Lo lógico es que tanto sus ingresos como sus gastos pasen por control parlamentario y sus acciones estén reguladas por ley protegiendo además los derechos individuales de los españoles.

Entrar en un ordenador para ver qué hace el usuario es lo mismo que espiar al vecino o derribar la puerta para entrar en tu casa, debe haber AUTORIZACIÓN JUDICIAL. Y eso es lo primero que debería regular el Gobierno antes de aprobar impuestos "ilegales" para beneficiar a una entidad privada, por muy gestora de intereses intelectuales y muy loable que sea su gestión, la de la entidad.

Hay autores, como José Feliciano, que sus propias compañías de discos o la entidad gestora de sus derechos, impide por "políticas comerciales" que su obra sea reproducida en determinados países, por lo menos es lo que se dice desde la asociación de internautas, y sin embargo ese mismo autor (José Feliciano) parece encantado de que se descarguen su música a través de internet, sus discos se vuelven a vender y reeditar y acude más gente a sus conciertos con lo cual tiene más ingresos directos en su bolsillo. Este es un ejemplo, muy por encima, de que existe un duda muy razonable por la cual los argumentos que esgrimen las sociedades de gestión y cobro de los derechos de autor no son tan claros a la hora de "proteger" los intereses de los autores.

Es cierto que existen casos en los que los autores pueden verse perjudicados, cuando existe ánimo de lucro y se utiliza un soporte tangible, pero a nivel general lo que se demuestra es que internet, más en concreto la vía de descargas p2p, lo que hace es promocionar directamente al autor ante el usuario, sin intermediarios. Es complicado encontrar un sistema que haga hacer llegar al autor un porcentaje de sus derechos por descarga desde el usuario final, la llave la tienen las operadoras de acceso a internet, pero mucho peor es vulnerar la Constitución en las comunicaciones privadas (email y p2p deberían estar regladas por ley como el correo ordinario) o acceder a tu vivienda sin autorización judicial (entrar en tu PC viene a ser algo similar al allanamiento de morada).

No tengo muy claro que las campañas "antipiratería" sean legales del todo, injustas lo son. Los chavales con pocos recursos hacen lo mismo que hacíamos nosotros de jovencitos y de mayores harán lo mismo. Me explico: El propio orgullo hace que consigas lo más pronto posible un original que sustituya una copia, según tus ingresos. De pequeño me grababa en cintas de cassette la música que me gustaba de mis amigos y descubría así grupos y autores musicales que no conocía. A medida que mis ingresos me lo permitían las iba sustituyendo por cassettes originales. Luego me dio por los LPs y volví a comprar los mismos discos que tenía en cinta. Lo mismo hice cuando vinieron los compactos. Las cintas las vendía a otros para comprar los discos y con éstos hacia lo mismo para los CDs, guardándome los que consideraba vinilos de gran valor. He llegado a tener más de cuatro mil álbunes repetidos en varios soportes y siempre de los mismos grupos que me gustaban. Mis amigos han hecho lo mismo y conozco pocos jóvenes que no tengan los discos originales después de haberse bajado multitud de canciones por internet. No se si será por diseño, por la portada, por el número de la copia (que adquiere valor con el tiempo) o por ser "más chulos" al tener lo que otros no tienen. Lo cierto es que bajarse música, y también películas, de internet mueve al usuario a adquirir lo que le gusta de verdad tras conocer el producto. Pueden haber excepciones pero estoy seguro que nadie quiere una copia de mala calidad (mp3) cuando puede tener el original (que dura más) a poco que pueda permitírselo.

Creo sinceramente que el o los responsables del gobierno que gestionan este asunto o no tienen ni idea de lo que hacen y lo hacen engañados o son cómplices de beneficiar a entidades que, por muy legales que sean, no dejan de ser un club de amiguetes de la "cultureta barata". A mí "el rey del pollo frito", por ejemplo, nunca me gustó, sin embargo siento gran respeto por la persona de Ramoncín ( que en este caso no tiene nada que ver, es un ejemplo) y he acudido a cuantos conciertos pagados por ayuntamientos o diputaciones se han hecho de forma gratuita en Valencia. En la puta vida se me ocurriría gastarme un solo euro en comprar un disco suyo, simplemente porque no me gusta su música. Si me gustase no dudaría en bajarme lo que fuese de él por internet y comprarme el disco de mi interés tras filtrar lo que no me interesase.

Para resumir, los derechos que se pretenden salvaguardar no lo pueden ser a costa de conculcar otros derechos más fundamentales.