20 julio 2008

A CIEN DIAS DE LA IZQUIERDA

Lo que define a un gobierno de izquierdas o socialdemócrata es, en democracia, su política social. Este gobierno se define más social que todos los anteriores, sin embargo los destinatarios de esas políticas sociales siguen sin percibirlo en sus bolsillos y en su calidad de vida.

El gobierno de Zapatero ha tenido 4 años de bonanza y ha ido dando, a cuentagotas por lo menos en el papel, todo tipo de ayudas: A la vivienda, a la natalidad, a jubilados y pensionistas, a empresarios autónomos, etc. Sin embargo estas ayudas e incrementos como el Salario Mínimo, por ejemplo, se han ido diluyendo en las sangrías constantes ocasionadas por el aumento descontrolado de los precios y de los tipos de interés de las hipotecas. Los precios de los artículos de primera necesidad son los que en realidad engullen cualquier mejora en los ingresos de los ciudadanos, antes incluso de ser anunciadas las mejoras.

Ni que decir tiene que, debido a los distintos regimenes de la Seguridad Social, hay una parte muy importante de la población – como las viudas, empleadas de hogar, agrícolas, medio pensionistas, o de cualquier otro tipo que no sea el general – que lo de los 600 euros es pura ilusión y que malviven con mucho menos de esa cantidad. No se tuvo en cuenta que muchas empresas cerraron en su día sin haber cotizado lo correcto por sus trabajadores, ni se tiene en cuenta algún tipo de Salario Social que cubra por igual – de forma lineal – a una cuarta parte de la población española que hoy complementa su dieta gracias a algunas ayudas puntuales de Cáritas. Si, la organización social de la Iglesia Católica.

Otro gran fracaso es el de la Ley de la Dependencia, en Comunidades como la Valenciana o la Madrileña esta Ley no la conoce nadie, por lo menos nadie percibe sus supuestas ventajas. En algunas Comunidades, como la Valenciana, los que percibían algún tipo de ayuda autonómica la han visto desaparecer al solicitar la proclamada por el gobierno central. Mejor hubiese sido que las ayudas se ofreciesen directamente a través de la Seguridad Social, por el Estado, al menos los ciudadanos afectados no tendrían que pasar por el calvario del menosprecio y de la burla en algunas autonomías y sabrían en realidad quién es quién a la hora de ayudarles. Otro tanto ha pasado con otros tipos de ayudas como el de la vivienda y la emancipación, el descontrol es absoluto y sigue sin llegar lo prometido a la mayoría de los beneficiarios.

Quizás lo que debe primar ahora es el perfeccionamiento del sistema de ayudas estatales, obviando si es preciso a las autoridades autonómicas que se obstinan en no colaborar. Las mejoras y las ayudas deben ir directas de la caja al ciudadano, es la mejor garantía de que se está haciendo lo correcto y el perceptor sabrá exactamente quién se lo da.

Lo lógico, en tiempos difíciles, es tirar por políticas económicas trilladas, es decir, de derechas. El cheque dado por los ciudadanos no es en blanco, si las mejoras no las ven directamente en su cuenta corriente es muy fácil que se crean lo que los agoreros de la derrota y del desastre manifiestan, a través de los medios de comunicación interesados en que así sea.

Lo valeroso es ensayar políticas sociales en su conjunto, no por tramos y a cuentagotas como si fueran plúses de productividad. Y asegurar además que lo prometido llega a quien se le promete. Quedan cuatro años, si se cede a lo fácil, a las políticas económicas liberales y conservadoras, lo lógico es no renovar el contrato y encargar a los que mejor saben hacer esas políticas.

Por lo demás, la ampliación de derechos civiles no es exclusivo del socialismo, aunque sí del progresismo en general, por lo que en este caso se debe contar también con los otros partidos con posibilidad de gobernar, no sólo a nivel estatal sino también a nivel autonómico. Siempre es preferible dar pasos firmes para asentar raíces y que crezca a ritmo de la sociedad, según demanda.