Según un informe de la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana (Pimec) la economía sumergida en España representa alrededor del 23 % del PIB, 10 puntos por encima de la media de los 15 primeros países de Unión Europea.
Ello significa que si aflorara a la legalidad sólo un 10 % de esa economía sumergida, quedando aún un 13 % sin aportar ingresos al Estado, se crearían 2,5 millones de empleos regulados, quedando a los mismos niveles de paro que en 2.004.
El presidente de la PIMEC, Josép González, propone que el subsidio de paro obligue a formarse a los parados que lo reciben para crear mano de obra más cualificada y facilitar la búsqueda de trabajo. Ello obligaría también a los parados que participan de la economía sumergida a buscar trabajos regularizados y legales por falta de tiempo al tener que participar en los cursillos de formación y no poder acudir al "trabajo" irregular.
Si como apunta la patronal catalana, que no suele tirar piedras a su tejado como en este caso, la solución al problema del paro en España es bien sencilla: Penalizar el cobro de las prestaciones por desempleo si se comprueba que se trabaja irregularmente, penalizar a las empresas que participen de la economía sumergida, aumentar el número de inspectores de trabajo e incentivar las denuncias así como "premiar" al trabajador o a la empresa que denuncie las actividades irregulares de otros trabajadores y empresarios.
Esto de la economía sumergida lo hemos vivido en anteriores épocas de crisis, los españoles solemos llevarnos la palma. Aquí los perjudicados somos el resto de españoles que actuamos con arreglo a la ley, es decir, pagando nuestros impuestos y cotizando a la Seguridad Social. Esos ingresos, que deberían ir a parar a las arcas del Estado, nuestra caja común, están siendo saboteados e impidiendo una salida rápida de la crisis. Así como que se destinen los recursos necesarios para reciclar nuestra economía y ponernos a la cabeza mundial de la renovación tecnológica y evitándo gastos supérfluos en energías procedentes del petróleo que nos resultan carísimas.
Ello significa que si aflorara a la legalidad sólo un 10 % de esa economía sumergida, quedando aún un 13 % sin aportar ingresos al Estado, se crearían 2,5 millones de empleos regulados, quedando a los mismos niveles de paro que en 2.004.
El presidente de la PIMEC, Josép González, propone que el subsidio de paro obligue a formarse a los parados que lo reciben para crear mano de obra más cualificada y facilitar la búsqueda de trabajo. Ello obligaría también a los parados que participan de la economía sumergida a buscar trabajos regularizados y legales por falta de tiempo al tener que participar en los cursillos de formación y no poder acudir al "trabajo" irregular.
Si como apunta la patronal catalana, que no suele tirar piedras a su tejado como en este caso, la solución al problema del paro en España es bien sencilla: Penalizar el cobro de las prestaciones por desempleo si se comprueba que se trabaja irregularmente, penalizar a las empresas que participen de la economía sumergida, aumentar el número de inspectores de trabajo e incentivar las denuncias así como "premiar" al trabajador o a la empresa que denuncie las actividades irregulares de otros trabajadores y empresarios.
Esto de la economía sumergida lo hemos vivido en anteriores épocas de crisis, los españoles solemos llevarnos la palma. Aquí los perjudicados somos el resto de españoles que actuamos con arreglo a la ley, es decir, pagando nuestros impuestos y cotizando a la Seguridad Social. Esos ingresos, que deberían ir a parar a las arcas del Estado, nuestra caja común, están siendo saboteados e impidiendo una salida rápida de la crisis. Así como que se destinen los recursos necesarios para reciclar nuestra economía y ponernos a la cabeza mundial de la renovación tecnológica y evitándo gastos supérfluos en energías procedentes del petróleo que nos resultan carísimas.
0 comentarios:
Publicar un comentario