De Juana y la justicia 3

ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LOS DESEOS DE QUE NO SE CUMPLA.

Después de que el Tribunal Supremo rebajara la pena a 3 años, más ajustada a derecho por la entidad del delito cometido (amenazas y enaltecimiento del terrorismo), el gobierno ha tomado la única decisión posible: traslado a un hospital del Pais Vasco y cuando mejore su estado de salud, improbable, continuar su pena bajo arresto domiciliario vigilado. Hubiese sido, en otros tiempos menos convulsos, más adecuada la excarcelación o el tercer grado en comparación con otras actuaciones ejercidas entonces por los ministros del interior populares.

Es una alternativa que un gobierno del PP en su lugar tendría la obligación legal, que no moral, de hacer lo mismo. La ley obliga al gobierno a salvaguardar la integridad psiquica y física de cualquier detenido, sea cual sea la magnitud de los delitos cometidos. El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha responsabilizado de la medida tomada que no implica ningún cambio en el cumplimiento de la ley aplicada a otros presos, aunque haya pasado a segundo grado por necesidades burocráticas.

El portavoz del PP, Angel Acebes, y ex Ministro del Interior, ha demostrado con sus declaraciones de hoy, negando al gobierno actual el estricto deber del cumplimiento de la ley y con una comparación odiosa y despreciable entre la situación del asesinado Miguel Angel Blanco y De Juana Chaos, que cuando fue ministro se saltaba la ley a la torera y el delito era su forma de actuar. No se puede pensar de otra manera a raíz de las declaraciones efectuadas.

Me dan náuseas ver cómo afirma que " si el estado de derecho hubiese cedido, Miguel Angel Blanco estaría hoy con nosotros". Es vergonzoso saber que dejaron morir a este chaval en manos de ETA, cuando meses después se entregaron y bajaron los pantalones a tope ante el "Movimiento de Liberación Nacional Vasco", da la sensación de que buscaban un mártir en sus propias filas. Mi impresión es que no respetan ni a sus propios muertos (no lo hicieron con los agentes de inteligencia asesinados en Irak ni con los del accidente del Yak-42), los utilizan para hacer politica de la forma más rastrera, despreciable y ruin que de unos degenerados se puede esperar. Y lo peor es que haya gente que les ría las gracias, y que haya gente que desde la dirección de la AVT utilicen el dolor de las víctimas afiliadas para enfrentarlas politicamente al servicio del PP, y que los populares miren hacia otro lado y no se sientan culpables ( los delincuentes no tienen sentimiento de culpa ) de haber justificado el inicio del asesinato masivo de ancianos, mujeres y niños en AFGANISTÄN E IRAK.

En cualquier democracia que se precie la actitud y las declaraciones de miembros de la dirección del PP serían claramente delictivas e incluso el " deseo de que un recluso muera", venido de la mano de quien ha tenido responsabilidades y el deber de garantizar la integridad y la vida de todos los presos y detenidos, por mandato constitucional, da mucho que pensar de su actuación anterior.

Si no fuese porque España es España, la coacción que determinados partidos y determinados medios de comunicación ejercen contra el gobierno para que deje de cumplir la ley debería ser corregida con una ilegalización del partido que lo propugna y la detención y puesta a disposición judicial de todos aquellos que exigen "sangre" como medio para solucionar los problemas. Es anticonstitucional totalmente. Pero claro, los presuntos delincuentes instalados en algunos partidos, con el disfraz de políticos y amparados en la inmunidad parlamentaria y el apoyo de sus engañados correligionarios, saben muy bien buscar cómplices que los cubran con una manta. Esos cómplices debidamente manipulados representan un 30 % de apoyos involuntarios que impide ejercer la ley contra esos presuntos chorizos de la politica, puesto que supone un enfrentamiento civil, con precedentes, cuyo extremo es la muerte entre hermanos. Ellos lo saben y por eso se aprovechan.

En otros tiempos, incluso en la época Aznar, declaraciones similares de odio y deseos de venganza al margen de la ley, supondría para los actores el desprecio de los ciudadanos y ser apartados de la vida politica. No puede ser cuando un tercio de españoles , al parecer, comulga y tapa con un velo tales despropósitos sin saberlo.

Habrá alguien que encuentre vomitiva esta apreciación porque lo interpreta como un ataque a sus ídolos. Se puede entender manipulado y engañado pero no desconocedor de los principios que inspiran nuestra legislación. Si a sabiendas se pide que se infrinja la ley, por comparar lo que hizo De Juana sin misericordia con 25 ciudadanos inocentes, el peticionario se pone a la misma altura que el objeto de su ira. Por este camino, y con una excusa coyuntural, comienza la descomposición del estado de derecho. A partir de ahí vale todo. Quien pretenda justificar este principio de descomposición de la democracia se descalifica por sí mismo.

La intención del PP, al igual que cuando aplaudieron y callaron con los GAL porque también estaban implicados con anterioridad, es tener otra excusa para un futuro próximo y así poder acusar de nuevo a los socialistas de "guerra sucia" si se les muere un exterrorísta en manos de un gobierno que tiene el deber de custodiar y salvaguardar su vida. Es maquiavélico y repugnante saber que tenemos politicos tan repugnantes como los terrorístas, aunque se quieran escudar en la "legitimidad" del ojo por ojo y diente por diente. Hoy por hoy ello no lo permite nuestra Constitución, lo cual demuestra que para ellos, los extremos del PP, es sinónimo de papel de water.

Siento vergüenza ajena por verme obligado a defender estos postulados cuya obligación moral y legal pertenece a los politicos, muchos de ellos licenciados en derecho, y mucha más vergüenza que sea en apoyo de un principio elemental como es la igualdad de todos ante la ley, incluso para un indeseable asesino.

Deseo expresar por último, mi total desprecio por ese energúmeno que se quiere morir como "mártir" y sus amigos "patriotas", que esperan que así lo haga para mayor gloria de la causa terrorísta. Esto último sería innecesario expresarlo, por evidente, si no fuese por las cabezas cuadradas de algunos fanáticos para los que no estar con ellos es lo mismo que ser terrorísta, paradójicamente su cretinísmo produce mucho más terror y pánico entre la gente normal que los propios terrorístas a los que estamos acostumbrados desde hace 40 años.



Postdata:De Juana ha abandonado la huelga de hambre. Las asociaciones de víctimas, Foro de Ermua y AVT, se manifiestan ante el Ministerio del Interior para mostrar su rechazo, lo que es comprensible, justificable y tienen toda la razón del mundo. El gobierno también tiene la obligación de aplicar y salvaguardar las mismas leyes para todo el mundo, aunque no le guste y la medida sea impopular.

El rechazo es por haber sido un asesino de 25 inocentes que no tuvieron la oportunidad que se le da al "señor" De Juana. Cumplió la pena marcada por los tribunales de justicia, por mucho que nos duela y a pesar de no mostrar arrepentimiento alguno ha complido con su pena legal. Y el fondo de la cuestión está, ya no en la moralidad o no del acto humanitario gubernamental (que puede ser discutible y de hecho se discute), sino en el precedente (al margen del preso o de los presos que sigan el ejemplo) de valorar un delito de opinión como más grave (tres años por dos escritos) que un asesinato (menos de un año de cárcel por víctima en el caso De Juana).

Hay que recordar también que los principales amenazados en esos dos escritos son la actual Directora General de Instituciones Penitenciarias y otros funcionarios puestos o ratificados en sus cargos por el gobierno socialista actual.

Si ese precedente legal, como digo coyuntural en estos momentos, queda fijado a nivel general para todos los españoles, me pregunto cuántos años de cárcel corresponden ,por poner un ejemplo, a Pedro J. y Federico Jiménez Losantos (en general las ondas radiofónicas episcopales), por vertir informaciones falsas, manipular documentos oficiales, convocar a la ciudadanía a la sedición, influir en jueces y magistrados con la intención de que prevariquen, incitar a la violencia (de momento contenida), promover la xenofobia, insultar y difamar a víctimas del terrorísmo, militares , agentes de la autoridad, autoridades y miembros del gobierno. Y provocar el enfrentamiento entre españoles.

Aunque sus proclamas no hayan producido ningún asesinato, y se supone que la madurez del pueblo español impedirá que esto ocurra, el delito de opinión por el que De Juana cumple condena es el mismo, ni más ni menos, que estos voceros de la discordia cometen todos los días desde sus respectívos púlpitos impúnemente.